Finanzas vaticanas; rogatorias internacionales y balances a la vista

La reforma de la finanza vaticana ha creado nuevos ejes institucionales que han ido acompañados de una rápida y compleja adecuación a las normativas internacionales sobre la transparencia financiera y la lucha contra el lavado de dinero. El proceso todavía no ha concluido, pero se han alcanzado algunos puntos importantes. Ahora, entre los nuevos organismos que han entrado en funciones (la Secretaría para la Economía y la Aif, la Autoridad de Información Financiera) y viejas instituciones que han sufrido o que están pasando por un proceso de reforma interna (como el IOR o la Pasa, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica), los reglamentos y las normativas emanados durante los últimos años están finalmente normalizándose. Pero el proceso dista todavía de su conclusión (y en cierta medida siempre será un trabajo en proceso); ha habido muchos otros ajustes que no se relacionan con los institutos centrales (antes indicados) y gracias a los cuales funciona la máquina económico-financiera de la Santa Sede, integrada por numerosos entes que de ella dependen tanto en el Vaticano como a nivel global (por ejemplo las órdenes y las congregaciones religiosas de todo el mundo que tienen una cuenta en el IOR.

A todo ello hay que sumar una larga secuela de casos que cada tanto surgen y que describen un pasado anterior a la reforma pero todavía reciente en diferentes circunstancias, en el cual las reglas eran ignoradas o, simplemente, no existían. Sin contar los episodios que pueden ser definidos como delitos o que forman parte de investigaciones judiciales en Italia o por parte de las autoridades vaticanas. Es el caso, entre otros muchos, del banquero Giampietro Nattino (presidente del grupo Finnat), titular de algunas cuentas de la Apsa hasta principios de 2011; fueron las mismas autoridades vaticanas las que se activaron para abrir una investigación en la que se hipnotizaban diferentes delitos, desde la manipulación del mercado accionario hasta el movimiento de capitales hacia el extranjero; se llegó incluso a hablar de «insider trading». El imputado, por su parte, declaró que siempre se había comportado correctamente. Debido a este caso la Santa Sede envió rogatorias a Italia ya Suiza (el 7 de agosto de 2015), y, por lo que se puede saber, aunque sin contar con toda la información, ha llegado una primera respuesta desde Roma. En sí mismos, esta respuesta y todo el proceso alrededor del caso indican una nueva colaboración entre Italia y el Vaticano. Un poco más complicada es la relación con las autoridades helvéticas.

Dentro del Vaticano todavía hay que aclarar durante cuántos años actuó Nattino con esas cuentas antes de que fueran canceladas debido a la acción de transparencia financiera (de 2011), y quién las había autorizado. De cualquier manera, y rogatorias a parte, durante muchos años Nattino fue asesor de la Prefectura de Asuntos Económicos (con los cardenales presidentes Sergio Sebastiani y Velasio De Paolis, el ente encargado de preparar los balances vaticanos y que en la actualidad, debido a la reforma, no existe), en el que a partir de septiembre de 2011 trabajó como secretario ni más ni menos que Lucio Ángel Vallejo Balda, condenado en el reciente proceso «vatilieaks 2» que se llevó a cabo en el Vaticano.

Quien dirigía la Apsa durante la época de los hechos antes descritos era el cardenal Attilio Nicora, que ahora ha salido de la escena (el último puesto que tuvo fue el de la presidencia de la AIF), mientras que el actual presidente, el cardenal Domenico Calcagno, ocupaba el puesto de secretario del dicasterio. Mientras tanto han sucedido diferentes cosas: la Apsa fue vigilada con una inspección de la Aif, la Autoridad de Información Financiera guiada por dos laicos expertos en transparencia financiera, René Brülhart y Tommaso di Ruzza, y después fue sometida al control de la Secretaría para la Economía (cuyo prefecto es el cardenal George Pell, con Alfred Xuereb como secretario). Otras figuras de importancia han sido sustituidas, como es el caso de Paolo Mennini, que hasta 2013 se encargaba de la sección financiera de la Apsa, o Massimo Boarotto, encargado de la sección inmobiliaria.

En general, si la vigilancia, las indicaciones y las inspecciones han aumentado en ámbito financiero, si, sobre todo, se han introducido nuevas reglas, un papel importante en este contexto lo ha jugado la oficina judicial, es decir el promotor de justicia (el abogado Gian Piero Milano), con la asistencia de la gendarmería vaticana. En el frente de las investigaciones financieras, de las relaciones con las magistraturas de otros países y de la velocidad para cerrar los procedimientos, la estructura (consolidada según estándares obsoletos) ya no es adecuada. Moneyval, el ente del Consejo de Europa que verifica sobre la adecuación de las legislaciones anti-reciclaje de los Estados, ha indicado en varios de sus informes que se deben reforzar con decisión la estructura de investigación y la capacidad para llegar a resultados. Y todavía hay mucho trabajo pendiente.

Mientras tanto, en el vaticano se trabaja para los nuevos balances de la Santa Sede; la ardua tarea fue encomendada a la Secretaría para la Economía. Se trata de un trabajo importante y que cambiará la relación entre el Vaticano y la gestión de recursos económicos internos, un proceso que va acompañado por la simplificación burocrática, la reducción de los organismos institucionales y la racionalización de los gastos. Por primera vez, de hecho, todos los dicterios deberán exponer sus cuentas (de ingresos y gastos) y ofrecer un plan financiero para el año que viene, al cual tendrán que atenerse (los presupuestos de gasto deben ser aprobados por la Secretaría para la Economía). Pero falta un elemento importante: el documento que describa a cuáles principios contables atenerse. De hecho, hacia el mes de julio de este año, se publicó un comunicado que indicaba las cifras principales de los balances de la Santa Sede, pero evidentemente los tiempos no han sido suficientes, por lo que todavía hay dificultades para que «todos hablen la misma lengua», por lo menos en el ámbito financiero.