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Los diputados mexicanos rechazan el matrimonio igualitario

Dos marchas nacionales y una miríada de firmas en México forzaron a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a rechazar el dictamen de la iniciativa para reformar la Constitución, que envió el presidente Enrique Peña Nieto en mayo pasado al Congreso en materia de matrimonios igualitarios.

El principal dictamen rechazado por los diputados mexicanos –aparte de otros dos más- fue el que se incluyera en la Constitución la figura de matrimonios igualitarios de personas del mismo sexo.

En reunión plenaria, con 19 votos en contra, ocho a favor, y una abstención, se desechó este dictamen, después de una larga discusión y exposición de posicionamientos en pro y en contra, por parte de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.

El argumento para rechazar las iniciativas fue que la Constitución no prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que la Carta Magna no requiere ningún ajuste a este respecto.

En el país queda abierta la alternativa que cada congreso de los 32 estados que conforman la República Mexicana legisle en la materia y no la Federación la que imponga que las constituciones locales no acepten esa figura.

Los partidos que votaron en contra de la iniciativa del Ejecutivo federal sostuvieron que en su decisión, “se privilegió la unidad social” y resaltaron que “el derecho de las personas a una relación heterosexual u homosexual está absolutamente salvaguardado por la Constitución y las leyes”.

En una tesis jurisprudencial de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró “inconstitucionales los códigos y leyes civiles de los estados que restrinjan el derecho de las personas a contraer matrimonio”.

Y 12 estados lo han consagrado en su texto, los 20 restantes podrán hacerlo, por lo que “se encuentra absolutamente salvaguardado el derecho de las personas para unirse en matrimonio o cualquiera que sea la denominación, haciendo valer, sin ninguna limitación, este derecho humano”, indicaron los diputados.

Con ello se pone punto final a un diferendo que sacó a más de un millón de católicos a la calle en septiembre pasado y que fue motivo de discusiones enconadas e, incluso, demandas a obispos por haber participado en las marchas en contra del matrimonio igualitario.

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