Migraciones: El Plan Alianza para la Prosperidad en Centroamérica ha fracasado

Grupos cercanos a las misiones scalabrinianas pro migrante de Guatemala, hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional a velar conscientemente por la defensa de los migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica, especialmente los niños y adolescentes, que enfrentan actualmente una dramática situación en México y Estados Unidos.

El comunicado, suscrito por los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, la Red de Casas del Migrante Scalabrini, la Casa del Migrante Tecún Umán, la Casa del Migrante Ciudad de Guatemala y la Red Internacional de Migración Scalabrini, destaca que los migrantes guatemaltecos y centroamericanos en general son víctimas de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, padecen una creciente militarización de las fronteras y deportaciones masivas e indiscriminadas.

Cabe resaltar que en el estudio “Hambre sin fronteras” -un reciente estudio que busca resaltar los vínculos ocultos entre inseguridad alimentaria, violencia y migración en el Triángulo Norte de Centroamérica— se muestra que, en el contexto de América Latina y El Caribe, Guatemala tiene la tasa más alta de desnutrición crónica: casi 50 por ciento del total de la población del país la padece.

Además, el estudio elaborado por la Organización de Estados Americanos, la Organización Internacional para las Migraciones, el London School of Economics y el World Food Program, demuestra que Honduras, con más de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, presenta la tasa de asesinatos más alta del mundo.

Y El Salvador tiene una de las tasas más altas, también en el mundo, de población total que vive fuera de sus fronteras, con poco más de 18 por ciento de los salvadoreños.

Un Plan que no ataja las causas estructurales

Estados Unidos, México y las naciones centroamericanas involucradas en el flujo migratorio mayoritario (Guatemala, Honduras y El Salvador), signaron el Plan Alianza para la Prosperidad, mediante el cual pretendieron resolver las causas estructurales que genera la migración forzada de quienes padecen pobreza, hambre y violencia en sus países de origen.

Pero el Plan no ha funcionado, según el comunicado de los scalabrinianos; sino que, en su opinión, más bien, refuerza las políticas económicas de inequidad, que han detonado las violaciones generalizadas e incrementado la violencia y desplazamiento forzoso de la población del Triángulo Norte de Centroamérica.

“Nos alarma la construcción de proyectos extractivos, hidroeléctricos y de infraestructura a gran escala en comunidades marginadas, en gran parte por la notable ausencia de cualquier proceso democrático que asegure el consentimiento informado de la población afectada“, indica el comunicado hecho público apenas la semana anterior.

“El Plan perpetúa las mismas políticas de militarización de la seguridad pública, que se han vuelto sinónimo de los horrores de la guerra contra las drogas”, dicen las agrupaciones que firman el documento.

La propuesta del Plan para militarizar las fronteras regionales no solamente amenaza con violar el derecho a la libre locomoción y los derechos de personas refugiadas que huyen de la violencia, sino además incrementa los abusos de todo tipo cometidos contra migrantes en Centroamérica, México y Estados Unidos.

En México, debido a las redadas para la contención de flujos migratorios, se producen violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los migrantes, por lo que exigieron al gobierno de ese país, “finalizar las deportaciones masivas vía terrestre, de unidades familiares, principalmente de niños, niñas y adolescentes, que son los más vulnerables”.

De igual manera, al gobierno de los Estados Unidos le exigen “no usar la fuerza coercitiva para obligar a las personas a firmar documentos sin fundamentación jurídica, para deportarlos masivamente, violando el debido proceso”.

En opinión de los scalabrinianos, dicha práctica vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y contribuye al racismo, la xenofobia y la discriminación, aumentando así la situación de vulnerabilidad del migrante.

Finalmente, las entidades pro migrantes piden a los gobiernos de Centroamérica “garantizar los derechos humanos de sus connacionales y no ser indiferentes ante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los migrantes para fomentar la integración centroamericana”.