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EE.UU. y México acuerdan detener el tráfico ilegal de armas en la frontera común

Según el último reporte del Center for American Progress, una organización estadounidense que se encarga de la investigación y defensa de políticas públicas, cada año cerca de 213.000 armas de fuego son transportadas ilegalmente desde Estados Unidos hacia territorio mexicano.

El informe Beyond our borders (Más allá de nuestras fronteras) explica que entre 2011 y 2016, al menos 106.000 armas fabricadas en Estados Unidos estuvieron vinculadas con actividades delictivas en México.

El problema es mayúsculo y poco se había hecho para reconocer, en ambos lados de la frontera que este tráfico ilegal (el legal representa un tercio de lo que pasa por la frontera bajo cuerda) es una de las grandes vertientes del crimen en México.

Sin embargo, tras el suceso de Culiacán, donde los narcotraficantes humillaron a las fuerzas de seguridad mexicanas que habían atrapado a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del “Chapo” Guzmán, obligándolas a soltarlo, sitiando la ciudad y mostrando una fuerza de fuego brutal, los gobiernos de Estados Unidos y México han dado un paso adelante.

Compromiso postergado por muchos años

Tras la llamada telefónica que sostuvieron Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, México y Estados Unidos lanzaron el operativo “Frozen” (“Congelado”) para frenar el tráfico de armas en la frontera. Según el comunicado de ambos gobiernos, lo que se busca es detener “uno de los elementos detonadores de la violencia”.

Se trata de sellar la frontera entre los dos países para impedir el contrabando de armas. Por México estuvieron presentes los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, así como el Embajador de Estados Unidos en México, Cristopher Landau.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México comunicó que durante la reunión las “autoridades mexicanas informaron sobre la situación actual en la zona fronteriza y los esquemas de coordinación e intercambio de información para atender el flujo de armas en las aduanas terrestres, marítimas y aéreas”.

Mientras que las autoridades estadounidenses se “comprometieron el esfuerzo de su gobierno para enfrentar de manera firme el tráfico de armas que opera de manera trasnacional y reiteraron su disposición de trabajar en planes de acción conjuntos y maximizar la eficacia de los esfuerzos a través de la inteligencia”.

Una espiral de sangre

Más del 70% de las armas que fueron confiscadas por las autoridades mexicanas entre diciembre de 2018 y agosto de 2019 son de fabricación estadounidense, de acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Policía Federal, decomisó desde el último mes del año anterior, un total de 1.294 armas de fuego, de las cuales 807 son cortas y 487 de calibre grueso, además de 3.353 cargadores, 156.610 cartuchos, 41 granadas, dos lanzagranadas y un aditamento para lanzagranadas.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros seis meses del año, del total de víctimas de homicidio doloso en el país, 72 por ciento perdieron la vida por arma de fuego.

Al mes de septiembre de este año, el número de homicidios dolosos en el país ha llegado a 30.000. Una cifra escandalosa que pareciera no parar nunca. Falta ver qué reacción hay en la poderosa industria de armas de fuego de Estados Unidos.

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