Honduras: La Iglesia entra de lleno a facilitar el diálogo contra la corrupción

La Iglesia católica en Honduras ha dado un importante paso para favorecer la reconciliación en este país centroamericano, conmocionado por los recientes casos de corrupción en funcionarios públicos, al nombrar a dos "facilitadores" para el diálogo nacional convocado por el presidente de la República Juan Orlando Hernández Alvarado.
 
Se trata del padre José Antonio Salinas, párroco desde el 2 de enero del 2015 de la iglesia de Ojojona, Francisco Morazán, y del sacerdote Rómulo Emiliani, de San Pedro Sula; dos párrocos que gozan de prestigio en la sociedad hondureña.
 
La prensa hondureña dijo que entre otras funciones, ambos sacerdotes tendrán la responsabilidad de intermediar en la reunión entre los representantes del gobierno de la República y diversos sectores de la sociedad hondureña, entre ellos "Los Indignados".
 
El presidente Juan Orlando Hernández había designado la semana anterior al titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) Carlos Madero como coordinador del diálogo nacional, quien se comprometió a convocar a representantes de todos los sectores para dialogar sin condiciones.
 
En el centro, la corrupción
 
Este diálogo será observado por una delegación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otra de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes van a realizar hasta el 10 de julio una misión exploratoria de cara al dialogo nacional.
 
En un comunicado reciente, la Conferencia Episcopal de Honduras había dicho que, representando al pueblo católico, se unía "a todos los que luchan por un país mejor y proclama que no puede haber paz sin justicia social, fraternidad sin reconciliación, solidaridad sin compasión por los más pobres, armonía social sin eliminar de forma permanente la impunidad, ni progreso sin expulsar la corrupción que causa tanto daño a todos".
 
El movimiento de "Los indignados" de Honduras está exigiendo el cese de la corrupción y de la impunidad en el país, al tiempo que han puesto sobre la palestra la posible renuncia del presidente de la República, sobre todo frente al último escándalo protagonizado la vicepresidente del Congreso hondureño, Lena Gutiérrez.
 
La funcionaria está bajo arresto domiciliario junto con su padre y dos hermanos, por cargos de corrupción y fraude contra el Estado. Según la acusación, Gutiérrez, propietaria de una empresa farmacéutica, habría vendido medicamentos a precios más altos al ministerio de salud y también medicamentos caducados y adulterados.
 

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