Organizaciones religiosas de Estados Unidos exigen el fin de la política “Permanecer en México” por inmoral y sin fundamento

Una de las primeras acciones que tuvo que acatar del vecino del norte por parte del nuevo gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, fue la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos de establecer la política que ha sido llamada como “Permanecer en México”

Se trata de una política mediante la cual las personas que piden asilo o refugio en Estados Unidos, procedentes de países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Honduras (últimamente Nicaragua también), son trasladadas a puertos fronterizos mexicanos mientras se revisa su solicitud.

Y la revisión puede durar meses, incluso años hasta que se acepte su caso y pueda permanecer legalmente en Estados Unidos o bien, sea rechazada y el peticionario deportado a su país de origen. Las autoridades
estadounidenses llevarían a su audiencia y regresarían al peticionario a tierras mexicanas.

Se trata, han dicho las autoridades estadounidenses, de evitar que quienes busquen asilo o refugio en el país del norte, estén fuertemente custodiados durante su proceso legal y de evitar que no acudan a las audiencias, “perdiéndose”, finalmente, en territorio norteamericano.

Una política sin fundamento

En una acción conjunta una coalición de 500 organizaciones religiosas y de líderes, así como de firmantes en lo particular, llamaron a los nuevos protocolos de seguridad para evitar que “ilegales” se internen en Estados Unidos, como protocolos “sin fundamento y sin moral”.

De hecho han emitido una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, para que ponga fin de inmediato a la política en la que señalan que devolver a México a personas vulnerables que piden asilo, “los pone en riesgo de sufrir más daños mientras esperan que su caso sea procesado”.

“Nuestras diversas enseñanzas morales encuentran coherencia en el valor absoluto de la persona humana y nuestra obligación de proteger a los más vulnerables entre nosotros”, es parte del texto de la carta enviada a la secretaria Nielsen.

En la misiva, las organizaciones religiosas y los líderes le piden a la titular de Seguridad Nacional que respete la ley de asilo de Estados Unidos “y que respete a los solicitantes de asilo y otros que buscan protección, como seres humanos que son”.

Enviar al riesgo

En la misiva, los firmantes argumentan que la política “Permanecer en México” es perniciosa por dos razones fundamentales. La primera, porque pone a la persona en peligro y la segunda, por la imposibilidad de encontrar un abogado y de seguir el debido proceso de su caso.

“Las leyes de asilo de nuestro país se basan en el principio internacional de no devolución, una promesa de que, como Estados Unidos, no enviaremos a las personas a países donde sus vidas o su libertad estén en riesgo”, dice la carta enviada a Nielsen.

Sin embargo, “desde julio de 2017, los peligros a los que se enfrentan los refugiados y los migrantes en México se han intensificado. Los solicitantes de asilo obligados a regresar a México corren el riesgo de quedarse sin hogar, desnutrición, enfermedades, agresiones, secuestros y muertes”, agrega la carta.

De acuerdo con el texto de la misiva, informes recientes confirman que las autoridades mexicanas continúan devolviendo indebidamente a los solicitantes de asilo a sus países en donde son perseguidos y que las deficiencias en el sistema de asilo mexicano “han aumentado”.

Provenientes de países como en guerra

Los países centroamericanos del llamado Triángulo del Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde ha huido la mayoría de los solicitantes de asilo, “tienen algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo para países que no están clasificados como en guerra”, expresa la carta.

“Además, añade, la política (‘Permanecer en México’) tiene serias implicaciones para los niños solicitantes de asilo, dejándolos sin acceso a la educación y otros factores que afectarán permanentemente su desarrollo, salud y bienestar”.

Sobre la cuestión del acceso a un abogado, la carta de los líderes religiosos expresa: “El derecho al debido proceso de los solicitantes de asilo para acceder a un abogado, tanto durante la evaluación en los puertos de entrada como mientras esperan en México, está seriamente comprometido por esta política” anunciada desde el mes de diciembre de 2018 por el secretario de Estado, Mike Pompeo.

Entre los signatarios de la carta se encuentran docenas de organizaciones pertenecientes a órdenes religiosas, Cáritas, la Red de Inmigración Legal Católica, el Centro de Acción Franciscana, la Red de Cabildeo de la Justicia Social Católica, la Oficina Maryknoll para Asuntos Globales y Pax Christi, y cientos de firmas individuales.

*Con información de Catholic News Service*