Con la masacre de Santa Elena de Uairén son 254 venezolanos muertos a causa de la represión

Desde que Maduro llegó al poder, esa cifra ha ido en aumento revela el más reciente informe

Las cifras son de ONGs tan prestigiosas como Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Tan sólo en Enero contabilizaron 39 muertos. Una sangrìa que no cesa desde que Nicolás Maduro llegó al poder el 19 de noviembre del 2013. La muerte de estos 39 venezolanos eleva a 254 el total de fallecidos en protestas desde que Maduro asumió el poder. *Esto, sin mencionar -como bien observa el informe- la criminalización y persecución contra quienes prestan labores de socorro a personas afectadas por la represión y la persecución selectiva de quienes participaron en manifestaciones, exponiéndolos a riesgos como detenciones arbitraria, desapariciones forzadas temporales y ejecuciones extrajudiciales.*

La respuesta del gobernante frente a la conflictividad social ha sido una demostración constante de autoritarismo y aliento a la comisión de abusos contra los Derechos Humanos.

“Desde 1991, al menos 336 personas han perdido la vida en el contexto de manifestaciones en Venezuela –establece la investigación-. 82 de estas muertes (24,40%) se produjeron en el período comprendido entre 1991-2012, mientras que durante la estadía de Nicolás Maduro en el poder (2013-2019), un total de 254 personas (75,59%) fallecieron en el contexto de protestas¨. Vale decir que, en sólo seis años, Maduro triplicó el número de muertes registrado en los 21 años anteriores a su llegada a Miraflores.

“ El 97,43% de estas muertes se produjeron por impacto de bala, y la mayoría en contextos en los que agentes de la fuerza pública y agrupaciones paramilitares actuaban en labores de represión de protestas –revela el informe- 17 de los casos registrados son atribuibles a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); 8 a civiles armados; 7 a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB; 4 al Ejército; y 1 a componentes de orden público de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)”.

Adicionalmente, es de hacer notar que el estado Bolívar –zona donde habita la étnia pemona, fuertemente azotada por la represión- acumula el mayor registro de personas fallecidas con 12 muertes (30,76% de los casos). Le sigue Distrito Capital con 10 muertes (25,64%); Portuguesa con 4 casos (10,25%); Amazonas y Barinas con tres muertes (7,69% c/u); Táchira y Monagas con 2 muertes registradas cada uno (5,12% c/u); y Mérida, Yaracuy y Sucre con una muerte cada uno (2,56% c/u). La mayoría, personas del sexo masculino entre 16 y 47 anos de edad.

En 27 de los casos registrados (69,23%), los asesinados participaban en protestas pacíficas que fueron atacadas por agentes de la fuerza pública y/o agrupaciones paramilitares. 28 de los asesinatos registrados se produjeron en zonas populares de Caracas y otras ciudades del país y 3 en comunidades indígenas.

Desde septiembre de 2017, 6 indígenas de las etnias Warao y Pemon perdieron la vida a consecuencia de la acción represiva de militares y policias en los estados Bolívar y Delta Amacuro. Los mismos pobladores denunciaron que fueron atacados por miembros de la GNB y agrupaciones paramilitares quienes, empleando armas de fuego, intentaron dispersar la protesta e impedir el ingreso de la ayuda proveniente del país vecino.

Interesante el dato de cómo se refleja el cambio en la dinámica del conflicto a partir del 22 de enero, marcado por “ el desvanecimiento de la territorialización política e ideológica que caracterizó al país durante los últimos 18 años; el descontento generalizado de amplios sectores de la población que servían de base social de apoyo al proyecto político bolivariano, y la escalada represiva de la dictadura mediante el empleo excesivo de la fuerza a través del escuadrón de la muerte FAES; la GNB y agrupaciones paramilitares” .

Pero el aspecto crucial lo destaca el informe como el fondo de la cuestión, más allá de las causas que convocan a la gente a la calle: La cifra de muertes en protestas durante la era Maduro “refleja dramáticamente la ausencia de garantías reales para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en nuestro país y la respuesta autoritaria del Estado frente a la conflictividad social”. El aliento a la represión es abierto por parte de altos funcionarios del Estado venezolano, al calificar anticipadamente como violentas todas las manifestaciones convocadas por el retorno a la democracia en el país o por la exigencia de reivindicaciones sociales.-

*PROVEA: Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos *