Perú: universidad (“rebelde”) normaliza relación con la Iglesia

La Pontificia Universidad Católica del Perú dejó de ser “rebelde”. La asamblea general de esa casa de estudios aprobó un nuevo estatuto. Se trata de un reglamento interno producto de una larga negociación secreta con el Vaticano. La más vistosa de las novedades corresponde al cambio de gran canciller, que ya no será el arzobispo de Lima. Eso determinó la salida de escena del cardenal Juan Luis Cipriani, pero no fue la única modificación. En el nuevo texto se incluyeron numerosos candados que aseguran para la Iglesia el control sobre amplios sectores de la institución.

Por una mayoría casi absoluta: 69 votos a favor, uno en contra y una abstención. Ese fue el resultado de la votación del nuevo estatuto el 14 de octubre pasado. Sufragio que siguió a una visita personal del cardenal Giuseppe Versaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica del Vaticano. Su llegada, a finales de septiembre, sirvió para certificar el trabajo realizado: 14 meses de negociaciones reservadas entre una delegación vaticana y las autoridades universitarias (de junio de 2015 a agosto de 2016).

Una vez aprobado el nuevo estatuto, el mismo deberá ser ratificado definitivamente por Francisco. Pero se trata sólo de una certificación formal, por tratarse de un acuerdo alcanzado con los mismos representantes papales.

“La propuesta de reforma de estatuto cubre cinco temas principales: la vinculación con el Derecho Canónico; la participación institucional de la Iglesia en la universidad; así como las normas vinculadas a las actividades de la universidad, las elecciones del rectorado y la economía de la universidad”, resumió la PUCP en una nota.

De esas palabras se deduce que las modificaciones abarcan más aspectos que solo el cambio del gran canciller. Pero los medios de comunicación peruanos presentaron el acuerdo casi únicamente como una derrota “política” de Cipriani, una de las partes (más activas) de un añejo conflicto. Es cierto, su salida (anticipada por él mismo hace meses), sirvió para aplacar ánimos y aceleró una solución. Pero si se repasan todos los artículos modificados al viejo estatuto se puede concluir que el resultado fue una victoria para la Iglesia, que mantendrá su autoridad plena sobre una de las casas de educación superior más prestigiosas de Sudamérica.

Es más, varios cambios aceptados por la Asamblea Universitaria consagran por escrito aspectos que durante mucho tiempo fueron rechazados, o incluso negados, por varios sectores de la propia institución. En el nuevo estatuto, entre otras cosas, queda claro que la universidad es una “persona jurídica de derecho canónico”, por lo tanto está sometida a todo lo dispuesto por la legislación eclesiástica, incluyendo la constitución apostólica “Ex Corde Ecclesiae” y las demás normas canónicas aplicables.

Asimismo reconoce a la casa de estudios como una “persona jurídica de derecho privado según la legislación peruana”, que realiza su misión “dentro de un marco de autonomía”. Pero también es claro que ninguna de las medidas tomadas en ella podrán contravenir –en ningún caso- las leyes de la Iglesia.

Los cambios garantizarán una presencia activa de representantes eclesiásticos en los órganos de gobierno de la universidad. Según el artículo 5 por el “origen, historia y misión” de la PUCP, a la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) le corresponde participar en la vida de la misma, porque los obispos “tienen el deber y el derecho de velar que en la universidad se observen fielmente los principios de la doctrina católica”.  

Esto queda asegurado con la presencia de cinco representantes estables del episcopado en la Asamblea. Una disposición que antes existía pero no se cumplía. Desde agosto los obispos regresaron a ocupar su lugar. Uno de ellos será también miembro del Comité Electoral. Además, el director académico de Relaciones con la Iglesia será designado por la conferencia episcopal y su papel es clave, porque también será miembro del Consejo Universitario.  

En varias secciones del nuevo estatuto se dejó asentada la centralidad del mensaje católico. “La educación de los estudiantes debe integrar las dimensiones académica y profesional con la formación en los principios morales y religiosos, y con el estudio de la doctrina social de la Iglesia”, indicó el apartado 57.a.

Precisó que, para ser rector, no basta identificarse con los principios, valores y fines de la universidad, sino que “se debe ser católico, tener la rectitud de doctrina y la integridad de vida católicas”. Algo similar ocurre con toda la planta docente y el personal administrativo, como apuntó en otro pasaje: “Al momento de firmar un contrato, (cada empleado) debe ser informado de la identidad católica de la institución y de sus implicaciones, así como también su responsabilidad de promoverla o, si no es católico, de respetar la identidad”.

El punto número 6 estableció que el gran canciller ya no será el arzobispo de Lima sino, “de oficio”, el presidente de la CEP; pero subrayó que si lo estima necesario la Santa Sede puede nombrar otro prelado “por tiempo determinado” en ese puesto. Es responsabilidad suya “promover la buena marcha de la universidad” y “vigilar para mantener su carácter católico”.  

La vigilancia se extiende también al manejo de los bienes, ya que para “la enajenación directa o indirecta de bienes del patrimonio estable de la universidad debe ser oído y ponderado el parecer de la Comisión Episcopal”, es decir los cinco obispos representantes. Uno de ellos también formará parte de la Comisión Central de Presupuesto.

La elección de Francisco resultó fundamental para destrabar un conflicto que se había estancado tras años sin solución y que en julio de 2012 llegó a su ápice de conflictividad con la decisión del Vaticano de quitar a la institución la facultad de usar sus títulos de Pontificia y Católica. La llegada de un Papa sudamericano se convirtió en una oportunidad para que las partes reconsideraran su postura, y buscaran puntos de encuentro para un acuerdo satisfactorio para todos. Con este nuevo escenario quedará sin efecto el quite de títulos.