Indígenas peruanos hacen sentir su voz ante los derrames de petróleo

James Rodríguez cuenta a una radio local cómo salvaron la vida de un indígena que padecía de un agudo cuadro de anemia. “Hemos vendido nuestros animales para poder movilizarlo hasta un hospital, en Iquitos”, sostuvo el Apu (alto dignatario, líder) de la comunidad de Saramuro y Saramurillo en la región Loreto, en la Amazonía de Perú, mediante un enlace telefónico.

Afectados por las secuelas de los cinco derrames de petróleo en lo que va de 2016, así viven las 56 comunidades indígenas y 5 federaciones, que han asentado sus familias en la cuenca del río Marañón.

“Nuestras aguas, nuestro suelo, nuestra flora están contaminados, vivimos desabastecidos de alimentos. Uranina, distrito de Loreto permanece en extrema pobreza”, denunció el líder indígena.

Las aguas del rio Marañon han sido bloqueadas en forma indefinida, anunció el poblador a través del hilo telefónico. Pese a que los habitantes cerraron el paso de las embarcaciones en el río, desde hace 50 días el gobierno peruano sigue sin atender las secuelas del impacto ambiental, que empieza a desencadenarse en un grave problema de salubridad.

El grito de los indígenas en Perú

La Amazonia convive con más de 3.000 barriles de crudo en los ríos Chiriaco y Morona. Hasta el momento la petrolera peruana Petroperú ha logrado recolectar 900 barriles del “oro negro”, esparcidos en el kilómetro 54 y 55 del oleoducto en el distrito de Urarinas, en el nororiente peruano.

Sancionada por las autoridades del gobierno peruano con más de siete millones de dólares por los derrames provocados en lo que va del año, Petroperu ha afectado a más de 20 comunidades indígenas de las cuales sólo 16 han sido declaradas en estado de emergencia.

En su intento de ser considerada dentro de las zonas beneficiadas la comunidad de Mayuriaga retuvo a 3 funcionarios de Petroperú, 4 trabajadores del organismo regulador de cuidado ambiental OEFA y un representante del gobierno.

Una Amazonía que se sostiene

El Perú es el único país que dentro de su legislación cuenta con una ley de consulta previa, que hasta el momento no se aplica en toda su magnitud, señaló el secretario ejecutivo de la Red Eclesial Pan -Amazónica (REPAM) Mauricio López. “Frente a un acto ilegal de extracción la salida no puede ser ilícita”, sostuvo en entrevista para Aleteia.

“Nos venden la idea de una tecnología limpia, no se pueden secundar actos que parten de un acto ilícito, la salida no puede ser otro acto ilícito que puede ser el secuestro”, explicó el representante de esta Red Pan-Amazónica que agrupa a las comunidades indígenas en el Perú, los capacita y acompaña para que puedan descubrir qué tipo de Iglesia necesitan para afrontar esta situación.

Hasta el momento son 3.000 los indígenas que paralizan las actividades fluviales del Río Marañon, dentro del grupo se han sumado los transportistas locales quienes exigen se restituya el comercio en la zona.