Obispos de Venezuela a Maduro: ¡basta, el pueblo sufre!

En muy pocas ocasiones se había leído una declaración episcopal al final de una Asamblea plenaria como la que leyeron hace pocas horas los obispos de Venezuela. Las reflexiones y razonamientos de los religiosos parecen definitivos y perentorios para el Presidente Nicolás Maduro. Es cierto que el documento comienza con exhortaciones a la reconciliación, al dialogo y a la búsqueda de soluciones eficaces para salir de la terrible crisis que el país sudamericano vive ya desde hace cuatro años, pero también es cierto que diferentes pasajes del documento no dejan ninguna duda sobre el juicio de la Iglesia venezolana sobre la situación actual de la nación.

Los obispos no tienen dudas: el pueblo venezolano está atravesando «un momento crucial en los campos moral, económico, político y social. Ha disminuido drásticamente la calidad de vida. La escasez y carestía de alimentos, medicinas e insumos hospitalarios —escribieron los obispos— nos están llevando al borde de una crisis de seguridad alimentaria y sanitaria, con consecuencias sociales impredecibles. En la vida pública, crecen la inseguridad, la impunidad y la represión militar».

Y por ello, desde su 106a Asamblea plenaria, los obispos lanzan una advertencia severa: « El discurso belicista y agresivo de la dirigencia oficial hace cada día más difícil la vida. La prédica constante de odio, la criminalización y castigo a toda disidencia afectan a la familia y a las relaciones sociales. Frente a esta situación, el acrecentamiento del poder militar es una amenaza a la tranquilidad y a la paz».

Después de recordar las recientes y trágicas situaciones de violencia y odio (como el asalto a un grupo de seminaristas, que fueron maltratados y abandonados desnudos por la calle con el único objetivo de humillarlos), el episcopado usa palabras duras e inéditas, refiriéndose a una «Democracia resquebrajada»: «El Estado de Derecho consagrado en el numeral dos de la Constitución Nacional, se ha debilitado. Vivimos prácticamente al arbitrio de las autoridades y de los funcionarios públicos, quienes tienden a convertirse en los censores de la vida, del pensamiento y de la actuación de los ciudadanos. Tales actitudes y procedimientos son inaceptables. La identidad cultural del venezolano se reduce y hasta se pierde cuando se valora únicamente si está vinculada al proyecto político imperante».

Es decir, para los obispos venezolanos, la situación, si no es una dictadura, está al borde del totalitarismo, y lo confirman estas palabras: «La democracia en Venezuela está resquebrajada, y el Gobierno y los otros poderes, que tienen la responsabilidad de oír y concertar con todos los sectores, no están haciendo lo suficiente para reconstruirla. El diálogo sincero y constructivo, el ejercicio de la política en su concepción más noble, como búsqueda del bien común, por más difíciles que parezcan, han de seguir siendo los caminos que debemos transitar. No se puede dialogar si no se reconoce en primer lugar la existencia y la igualdad del otro. Ignorarlo o descalificarlo como interlocutor, cierra toda posibilidad de superar el conflicto».

En los 17 puntos de su declaración, el episcopado se refiere en varias ocasiones a la corrupción, a la intolerancia, a la anarquía, al desmantelamiento de viejas y nobles instituciones, a la descomposición moral y al «bachaqueo», la horrible y difundida práctica de la especulación sobre comida y medicinas, que se están vendiendo a precios exhorbitantes en el mercado negro. Y todo ello, observan los obispos en la declaración, involucra a muchísimas personas e instituciones públicas, privadas e incluso militares.

La declaración dedica una reflexión especial a la intención de Maduro de desconocer el Parlamento: «Desconocer la autoridad legítima de la Asamblea Nacional, deslegitima a quienes así actúan, porque contradice la voluntad soberana expresada en el voto popular». Y, por primera vez, el Episcopado se expresa a favor del referéndum revocatorio que las oposiciones quisieran y para el cual han ya reunido millones de firmas. Se lee en la declaración: «El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de cuidar el proceso del referéndum revocatorio para que se realice este año. Es un camino democrático, un derecho político contemplado en la Constitución. Impedirlo o retrasarlo con múltiples trabas es una medida absurda, pues pone en peligro la estabilidad política y social del país, con fatales consecuencias para personas, instituciones y bienes».

Los obispos concluyeron el documento con algunas propuestas concretas, que deberían ser puestas en marcha inmediatamente. La primera: permitir que entren inmediatamente al país las medicinas que faltan y la Iglesia pone a disposición inmediatamente sus instituciones, particularmente la Caritas. Se trata de salvar muchas vidas humanas que están en peligro.

Segunda: abrir permanentemente la frontera entre Venezuela y Colombia, país al que a menudo la gente va a buscar comida y medicinas, cuando puede. Tercera: libertad inmediata para los presos políticos, la mayor parte de los cuales sobrevive en condiciones inhumanas, acusados arbitrariamente y sin procesos ni garantías. Cuarta: el gobierno no debe considerar la solidaridad de otros países, pueblos e instituciones como una injerencia en la vida interna.

La Iglesia en Venezuela, una vez más, concluye el documento, ofrece sus servicios para facilitar un encuentro entre los que hoy son adversarios, con el objetivo de buscar mediante la vía del diálogo soluciones eficaces para la crisis.