La decisión del Tribunal Supremo británico de reabrir el parlamento crea una crisis institucional

El brexit está causando un terremoto, incluso institucional, en Gran Bretaña, después de que los 11 miembros del Tribunal Supremo declararan “ilegal” el cierre parlamentario decidido por el Primer Ministro, Boris Johnson, y con la firma de la Reina. El parlamento de Westminster, la Cámara de los Comunes, se ha vuelto a abrir el miércoles, ante el regocijo de la oposición al Primer Ministro, y ante el disgusto no solo de Boris Johnson, sino incluso de la Reina a quien el Tribunal Supremo ha declarado “ilegal” un documento que llevaba su firma.

La crisis institucional británica está servida. Unos creen que esta sentencia del Tribunal Supremo otorga demasiado poder a los jueces, y otros que Johnson ha quedado muy “tocado” por esta sentencia, la cual viene después de tres derrotas parlamentarias consecutivas. “Tocado” no quiere decir que vaya a dimitir, como querría la oposición, aunque en estos momentos no tiene mayoría parlamentaria.

Johnson lleva solo tres meses al frente del gobierno británico y ha perdido una parte del fervor popular de los primeros días, en especial después de cerrar el parlamento, acusado de actuar como un dictador, al que le molesta el parlamentarismo para colocar el brexit sin acuerdo para el 31 de octubre. Johnson insiste en que el 31 de octubre sigue siendo la fecha de salida de Gran Bretaña de las Unión Europea.

El populismo se ha adueñado de la opinión pública británica que gira en torno al brexit sí, y brexit no. En una encuesta publicada en el Daily Telegraph hoy miércoles muestra que el público está a favor de la decisión del Tribunal Supremo (50 por 100 a favor, 29 en contra y 21 no sabe, no contesta), pero sigue dividida en torno al brexit. ¿Brexit sin acuerdo brexit con acuerdo? La mayoría prefiere un brexit con acuerdo.

Hacia elecciones generales

Al inicio de otoño, por otro lado, es cuando en Gran Bretaña celebran los partidos sus congresos, y acaba de celebrarse el Congreso del Partido Laborista en Brighton, una ciudad balnearia, en el que Jeremy Corbin ha sido reelegido, pero sin entusiasmo. Corbin tiene ya 70 años y muchos creen que debería facilitar el relevo a gente más joven y europeísta, al estilo Tony Blair. Corbin representa el ala izquierda del laborismo, mientras que Tom Watson representa la oposición a Corbin dentro del partido.

En unas elecciones se sospecha que el Partido Laborista pueda perder votos que irán al Partido Liberal, europeísta cien por cien y firme defensor de una economía liberal. Lo mismo le podrá pasar al Partido Conservador, al que ya un diputado hace unas semanas se pasó al Partido Liberal en plena discusión contra la política de Boris Johnson.

Hace ya tres años y tres meses que se celebró el referéndum del brexit y el parlamento británico no ha sabido salir del laberinto que le colocó un referéndum adobado de mentiras y que terminó con una victoria por la mínima.

Junto a eso, la preocupación de los británicos está también en la caída del gran turoperador Thomas Cooke. Era una “muerte anunciada” para los financieros, pero no para la gente corriente. Un negocio que no supo adaptarse a las tecnologías de la información, y en lugar de vender por internet siguió abriendo oficinas por todo el mundo, con abultadas plantillas.

La caída de Thomas Cooke, como ocurre no pocas veces en estos casos, no impidió a los altos directivos –que sabían los estados financieros de la empresa en caída libre– cobrar unos bonos de 20 millones de libras esterlinas, en los últimos cinco años, según informa el Daily Telegraph. Llueve sobre mojado: 50.000 británicos esperan volver a su país.